Desde Drago Las Palmas de Gran Canaria se reitera la necesidad de una alternativa política para 2027 que priorice la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
Mar Domínguez, portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria: «esto no es un error puntual, sino un patrón sostenido durante siete años con contratos a medida”.
Drago Las Palmas de Gran Canaria pone el foco en la pieza número 5 del conocido como «caso Valka», la presunta trama de corrupción del PSOE en el Ayuntamiento de la capital grancanaria en torno al suministro de agua, que según los informes del Ministerio Público y de la Guardia Civil se habría prolongado entre 2015 y 2022.
Según la investigación, la Administración pagó durante siete años por metros cúbicos de agua no suministrados mediante la manipulación de las cifras reales. El sobrecoste abonado se estima en más de un millón de euros, que habrían ido a parar a las cuentas de Guerra Patrimonial FGG, del empresario Felipe Guerra, quien además se habría beneficiado de hasta 18 contratos —13 de ellos menores— adjudicados por el servicio municipal de Parques y Jardines.
Para la portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez, «esto no es un error puntual, sino un patrón sostenido durante siete años con contratos a medida, facturación irregular y responsables políticos que miraron para otro lado».
En ese sentido, Domínguez hace una relación entre el estado del municipio y la existencia de una presunta corrupción alargada en el tiempo y afirma que “es normal que la ciudad vaya tan mal si nos gobierna una presunta trama corrupta”.
Un exjefe de servicio con beneficios millonarios
La instrucción sitúa a Miguel Ángel Padrón, exjefe de servicio de Parques y Jardines y mano derecha de la exconcejala Inmaculada Medina, como principal beneficiario del entramado. Entre los elementos detectados figuran 16 transferencias por valor de 376.549,60 euros realizadas entre mayo de 2019 y marzo de 2020 desde la cuenta de Guerra Patrimonial FGG a la cuenta de Padrón, así como un préstamo de 430.000 euros concedido en 2019 por Felipe Guerra al 0 % de interés y con devolución hasta 2035, destinado a la construcción de viviendas vacacionales en La Palma. Padrón llegó a compartir además otra empresa, EsVertical, con el propio Guerra, una incompatibilidad que le costó tres años de suspensión de empleo y sueldo.
Una concejala imputada por malversación y prevaricación
Inmaculada Medina, concejala de Gobierno durante cuatro legislaturas y responsable del área de Mantenimiento Urbano entre 2015 y 2019, está imputada por malversación agravada, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración, al habérsele atribuido la firma de resoluciones y decretos de gasto sin exigir la verificación técnica previa que habría permitido detectar la facturación irregular.
«Nos preguntamos hasta qué punto se puede firmar durante años sin control alguno y si eso es negligencia o algo más», señaló Domínguez, quien insistió en que «el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria tiene que dar explicaciones caso tras caso, mientras los vecinos y vecinas siguen esperando que se invierta en lo que de verdad importa».
El proceso, en manos de la Audiencia Provincial
El caso se encuentra ahora en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que deberá juzgar unos hechos que podrían acarrear penas de hasta 12 años de cárcel y que ya provocaron la dimisión de Inmaculada Medina el pasado mes de noviembre.
Desde Drago Las Palmas de Gran Canaria se reitera la necesidad de una alternativa política para 2027 que priorice la transparencia en la gestión de los fondos públicos y ponga fin a la opacidad que, casos como este, han normalizado en el Ayuntamiento de la ciudad.