La dirección del partido «Movimiento UPC» pidió expresamente a Drago Canarias que recurriese ante el Alto Tribunal el uso electoral de la denominación de UPC.
En el marco de los comicios generales del próximo 29 de noviembre de 2026, la candidatura de Drago Canarias formalizó en la tarde de ayer, 9 de noviembre, la presentación de Recursos de Amparo Electoral ante el Tribunal Constitucional —al amparo del artículo 49.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG—, con sendas peticiones de subsanación de los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, de la coalición denominada «Unidad del Pueblo Canario UPC (NC-BC, Podemos, IU, Sumar)».
Esta acción ante el Alto Tribunal constituye un paso coherente tras los recursos contencioso-electorales iniciados la pasada semana, por petición expresa del partido y personas directamente afectadas en sus derechos fundamentales: Movimiento UPC.
Drago Canarias denuncia, por tanto, con aval expreso de la formación y personas afectadas, una vulneración directa del derecho fundamental a la participación política limpia y sin distorsiones —artículo 23 de la Constitución Española—, en estricta relación con las garantías identificativas del artículo 46.4 de la LOREG.
Fundamentos del recurso: usurpación de manual y engaño confesado en medios
El escrito ante el Tribunal Constitucional desmonta la artimaña electoral desplegada por los partidos estatalistas y su socio útil en Canarias (Nueva Canarias):
- Existencia de un partido legalmente inscrito y legitimado: no se trata tan solo de un debate sobre identidades pasadas pero también presentes en la identidad política y social de Canarias, como fue la histórica coalición Unión del Pueblo Canario. En el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior figura la formación activa Movimiento UPC. Ante la imposibilidad de concurrir el 29N, su Secretaría General y el partido solicitaron respaldado formalmente para la defensa de sus derechos fundamentales de representación política e impedir la expoliación de su espacio, derechos e identidad.
- Confesión pública de intencionalidad oportunista: Drago Canarias ha aportado como indicio revelador las declaraciones públicas difundidas en medios como Atlántico Hoy, donde los propios portavoces de la confluencia impugnada presumieron abiertamente de resucitar las siglas «UPC» como un «guiño» y una «marca histórica que la gente de los barrios va a recordar». No es una percepción de Drago Canarias, es un intento de engaño flagrante confesado por ellos mismos para adueñarse del capital simbólico de la izquierda soberanista canaria y también de unas siglas vigentes y legalmente constituidas: Movimiento UPC.
- Los recursos de amparo no solicitan la exclusión ni la anulación de las listas de los candidatos de NC, Podemos, IU o Sumar, sino una medida proporcionada —artículo 47.2 LOREG—: la modificación de la denominación o la supresión urgente del acrónimo «UPC» del instrumento de votación antes de la cita con las urnas.
Impugnación contencioso-electoral previa
El precedente de estos hechos se produce a principios de noviembre, cuando la representación de Drago Canarias interpuso recursos frente al acuerdo de proclamación de candidaturas de las Juntas Electorales Provinciales mencionadas, exigiendo la rectificación de la denominación y la retirada del acrónimo «UPC» de la coalición compuesta por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar.
El escrito de amparo fundamenta la especial trascendencia constitucional del caso. La existencia de una formación política registrada en una cita electoral impide a terceras confluencias a apropiarse de sus siglas e instrumentalizar una «marca histórica» y además vigente de una formación política legalmente registrada ante el Ministerio del Interior para inducir a error al votante en la papeleta.
Petición de resolución urgente ante las urnas
Los recursos de amparo electoral solicitan formalmente al Tribunal Constitucional resoluciones preferentes y urgentes que ordenen a las Juntas Electorales Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y a la de Las Palmas la rectificación de los elementos identificativos controvertidos con anterioridad al 29 de noviembre, garantizando así que la ciudadanía pueda ejercer un voto libre y transparente.
Drago Canarias ha padecido y padece el juego antidemocrático de partidos sucursalistas y su socio acólito, del cuál la formación tiene plena memoria histórica, ya que una de las personas que participaron en la fundación de Drago Canarias, Alberto Rodríguez Rodríguez, así como decenas de miles de votantes en las Islas Canarias sufrieron el robo del escaño libremente elegido en una reciente legislatura. Es por ello que Drago Canarias defiende y defenderá no solo sus intereses partidistas sino los de la ciudadanía canaria, colectivos y otras formaciones políticas que, como en este caso, vean pisoteados sus derechos fundamentales por intereses del régimen.
La formación reitera su compromiso inquebrantable con el juego limpio, el pluralismo político real y la defensa de la soberanía y dignidad del pueblo canario frente a un intento flagrante de manipulación de la identidad política y del soberanismo progresista en Canarias.