El portavoz de Drago Canarias en Lanzarote, Rafa Jiménez, se ha pronunciado sobre la decisión del Cabildo Insular de prohibir el uso del transporte público a los menores migrantes. Tal y como explica Jiménez, se trata de una medida “segregadora” que nada tiene que ver con el “carácter solidario y de acogida de la sociedad canaria” y que “diluye la responsabilidad de las instituciones sobre la distribución adecuada de las personas migrantes”.

Jiménez señala que desde Drago Canarias “entendemos perfectamente la tensión que genera la presión migratoria en un pueblo pequeño, sin el acompañamiento adecuado para generar una buena convivencia entre los menores migrantes y la población local”, pero recalca que “nunca debemos perder de vista las condiciones de precariedad a las que se ven sometidas las personas migrantes, tanto en sus países de origen como en los macrocentros en los que se encuentran internos en Canarias, así como la vulnerabilidad añadida cuando este proyecto migratorio lo realizan niños y niñas”.

En este sentido, el portavoz en Lanzarote recalca que “La Santa ha sido históricamente un pequeño pueblo pesquero, y actualmente está soportando gran parte de la presión migratoria de Lanzarote”, y recuerda que “el Consistorio Municipal lleva varios años solicitando la reubicación de las personas migrantes alojadas en este centro por su incapacidad para soportar tanta carga y las propias condiciones en las que se encuentra el centro”.

“Por otro lado, queremos secundar el comunicado emitido el pasado martes 5 de marzo por la Red de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote —comenta Jiménez—, en el que se describe la decisión adoptada como discriminatoria y arbitraria” y añade que “sobre la justificación que hace el Cabildo como medida para proteger a las propias personas migrantes, el comunicado sostiene que no se protege a un colectivo vulnerable excluyéndolo aún más”.

Asimismo, Jiménez hace hincapié en que “Drago Canarias siempre ha defendido que los macrocentros de acogida no son un modelo de gestión migratoria respetuoso con las personas migrantes y sus derechos” y en que “la vía más adecuada sería la distribución en pequeños centros repartidos por todo el territorio archipielágico y estatal”.

Además, Jiménez detalla que “en estos centros de menor tamaño se les podría prestar una atención especializada, favoreciendo su integración en la sociedad canaria, para que si eligen quedarse, aporten a este país en igualdad de condiciones” y añade que “también hay que tener en cuenta que la mejora de la atención a las personas migrantes generaría puestos de trabajo en el tercer sector relacionados con la asistencia jurídica, social, sanitaria, de mediación cultural o educativa”.