La formación considera que construir una planta que funciona con estiércol, entre otros residuos, a 500 metros del núcleo poblacional supone un grave error.
Drago Gran Canaria alerta de los graves impactos que se pueden generar sobre el barrio de La Atalaya, en Santa María de Guía, después de que el Gobierno de Canarias haya concedido recientemente una nueva autorización administrativa vinculada al proyecto de la planta de biogás. La instalación, proyectada a apenas 500 metros de las viviendas, puede generar malos olores, un incremento del tráfico pesado o emisiones contaminantes.
Estos impactos estarían relacionados con el tratamiento de grandes cantidades de residuos orgánicos y, especialmente, de estiércol de vaca. Drago Gran Canaria señala que la actividad puede generar malos olores, un aumento del tránsito de camiones procedentes de explotaciones ganaderas de distintos puntos de la Isla, emisiones contaminantes, ruido y posibles problemas derivados de la proliferación de moscas y roedores.
Por otro lado la planta se ubicaría próxima a viviendas, centros educativos, un polideportivo y residencias para personas mayores, por lo que esta instalación tendría un impacto notable sobre el barrio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Desde Drago Gran Canaria se denuncia que, pese a estas circunstancias y al rechazo vecinal, el Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso para impulsar el proyecto después de que la Dirección General de Energía haya concedido autorización administrativa a la instalación energética asociada. La resolución, dictada el pasado 1 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de Canarias, autoriza una instalación de generación híbrida de cogeneración y eólica con una potencia de 499 kW.
El portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, no entiende que “después del rechazo de la licencia municipal y de la oposición que ha generado este proyecto entre los vecinos y vecinas, distintas administraciones sigan dando pasos que mantienen abierta la puerta a una instalación que se pretende ubicar a apenas unos metros de zonas habitadas”.
De la Barrera señaló que “nadie está cuestionando la necesidad de avanzar hacia una economía circular ni de buscar alternativas para gestionar los residuos agrícolas y ganaderos, lo que estamos cuestionando es que se pretenda instalar una infraestructura de estas características prácticamente pegada a un núcleo de población”.
La ubicación de la planta ha sido precisamente uno de los principales motivos de preocupación expresados por el movimiento vecinal, que han señalado posibles molestias relacionadas con olores, insectos, ruido y tráfico de vehículos asociados al transporte de residuos y han reclamado que se estudien alternativas de ubicación.
Por su parte, el portavoz de Drago Canarias en Guía, Cosme Vega, explicó que “lo que está ocurriendo demuestra que no basta con decir que una instalación es verde o que forma parte de la economía circular” y añadió que “también hay que preguntarse dónde se instala, qué población tiene alrededor y qué impactos puede generar sobre quienes viven allí, porque la transición ecológica debería mejorar la vida de la gente, no trasladar determinadas molestias a barrios concretos”.
Para Vega, “una evaluación ambiental favorable no puede convertirse en un cheque en blanco para ignorar las preocupaciones de la población” y reclamó que las administraciones “escuchen a los vecinos y vecinas de La Atalaya y estudien seriamente las alternativas antes de seguir avanzando con un proyecto cuya ubicación es precisamente el origen del conflicto”.
Desde Drago Gran Canaria se exige al Gobierno de Canarias que dé explicaciones sobre su posición ante este nuevo avance administrativo y que planteen soluciones para evitar que La Atalaya tenga que asumir los impactos de una instalación de estas características. La formación demanda que se escuche a los vecinos y vecinas, se aclare qué actuaciones van a llevar a cabo y se estudien alternativas que permitan compatibilizar la gestión de los residuos con la protección de la población y del entorno.
“Lo que pedimos es algo tan sencillo como que las administraciones actúen de manera coordinada y que se respete la decisión municipal mientras no se resuelva el conjunto del expediente”, sostuvo Cosme, “no tiene sentido que una administración deniegue la licencia por motivos urbanísticos y, al mismo tiempo, otras sigan avanzando en autorizaciones vinculadas al mismo proyecto sin abordar de forma integral el problema de su ubicación”, añadió.