La resolución no entra a analizar el propio recurso bajo el argumento de que no se aprecia “especial trascendencia constitucional”.
Del argumento utilizado por el Constitucional se desprende que el planteamiento de Drago Canarias sobre la usurpación de las siglas “UPC” no ha sido invalidado.
A ojos de la ciudadanía resulta evidente que el proceso encabezado por Drago Canarias es justo y transparente y que el uso de las siglas “UPC” busca la confusión.
La Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha notificado las providencias relativas a los dos recursos de amparo electoral promovidos por la candidatura de Drago Canarias con relación al uso engañoso de las siglas “UPC” por parte de la confluencia “Unidad del Pueblo Canario UPC”, formada por Nueva Canarias, Podemos, IU y Sumar.
En ambas providencias, suscritas por los magistrados Balaguer Callejón, Sáez Valcárcel y Arnaldo Alcubilla, la Sección acuerda la inadmisión a trámite por no apreciar formalmente la concurrencia de “especial trascendencia constitucional” —artículo 50.1.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – LOTC, en relación con la STC 155/2009, de 25 de junio—.
En este sentido, desde Drago Canarias se reitera que existe una apropiación ilegítima de una coalición formada, principalmente, por partidos con sede social en Madrid que se han apropiado públicamente, y así lo han dicho en medios de comunicación, de una marca nacional de Canarias que ha sido históricamente relevante por sus luchas y movimientos de izquierda, y eso lo hicieron a pesar de la oposición de las personas que han protagonizado esos mismos movimientos.
Asimismo, la utilización de las siglas tan solo ha sido refrendada por los órganos jurisdiccionales sobre la base de que no se presentaba a estas elecciones en específico otro partido con las mismas siglas o denominación electoral, algo que evidencia que no han tenido en consideración que habrá gente que vote a esas siglas pensando que son el movimiento canario de izquierdas histórico original.
Ausencia de pronunciamiento sustantivo sobre el fondo del asunto
La inadmisión dictada por el Tribunal Constitucional responde exclusivamente a un obstáculo procedimental de admisión previa y no equivale en ningún caso a una desestimación de la tesis jurídica planteada por Drago Canarias y el partido legalmente inscrito Movimiento UPC. El Tribunal Constitucional no ha examinado el fondo del asunto ni ha entrado a valorar la existencia de usurpación de siglas o la distorsión de la voluntad de los electores en la papeleta.
La “especial trascendencia constitucional” constituye un requisito formal de admisibilidad independiente y autónomo de la existencia real de una lesión del derecho fundamental a la participación política —artículo 23 de la Constitución Española en relación con el artículo 46.4 de la LOREG—. Las providencias del Tribunal Constitucional no convalida las resoluciones impugnadas ni niega la vulneración del derecho invocado.
Por tanto, las providencias de la Sección Cuarta se limitan a dar por incumplido el requisito del artículo 50.1.b de la LOTC mediante una fórmula estandarizada. Las resoluciones omitieron detallar qué argumento concreto de los planteados en las demandas se considera insuficiente, dejando sin respuesta explicativa la justificación sobre la relevancia constitucional de impedir la apropiación de siglas vigentes en un proceso electoral
Defensa del pluralismo y de las formaciones legalmente registradas
Desde Drago Canarias se recuerda que la acción planteada al amparo del artículo 49.4 de la LOREG —que contó con el impulso y respaldo formal de la dirección y la Secretaría General de Movimiento UPC— buscaba proteger el principio de transparencia electoral frente a la apropiación confesa del acrónimo “UPC” por partidos estatalistas y su socio acólito. La pretensión no era la anulación de candidaturas, sino una medida proporcionada (artículo 47.2 LOREG): la retirada de las siglas de la papeleta para evitar inducir a error a la ciudadanía en la cita con las urnas.
Drago Canarias siguió el mandato y dignidad del pueblo canario para defender la igualdad y derechos de toda la ciudadanía canaria, una organización que vino para cambiar estas dinámicas perniciosas y elitistas y lo seguirá haciendo.