Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria.
Cada vez somos más voces las que pensamos que Canarias no vive del turismo, sino que es el turismo quien vive de Canarias. Y esto no sólo se debe a que haya todo un sistema de extractivismo de la riqueza que se genera en nuestro archipiélago y que termina en el continente europeo, sino a que existe un entramado público-privado que subvenciona de manera directa e indirecta este modelo turístico de masas, depredador del territorio y de las personas que habitamos en él.
Comienzo con este artículo una nueva serie denominada “subvención del turismo de masas”, en el que trataré de reflejar la gran cantidad de recursos públicos que acaban en las manos de unos pocos caciques locales, sosteniendo de forma artificial un modelo completamente agotado y que a cada año que transcurre nos está dejando peores indicadores socioeconómicos.
Un claro ejemplo de lo anterior es que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias tiene vinculadas a cinco empresas turísticas que, con fondos públicos, financian de manera descarada la actividad de los turoperadores, hoteleros, grandes grupos empresariales y oferta turística complementaria.
Hoy, trataremos el caso de la Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.
Se trata de una empresa constituida en 1993, que actualmente cuenta con un capital de más de 4 millones doscientos mil euros, —repartidos entre otra empresa turística del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana— y que se concibió para la construcción de un Palacio de Congresos en Maspalomas, conocido como el “Expomeloneras”, y que desde el 2009 se encuentra cedido en explotación al Grupo Lopensan.
Teniendo en cuenta la información publicada en diversos medios de comunicación, se calcula que la construcción de dicho centro de congresos supuso el desembolso de más de 30 millones de euros, cuyo pago tuvo lugar durante los peores años de las políticas públicas del “austericidio”.
Mientras se recortaba en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia o diversificación económica, y el Gobierno de Canarias se vanagloriaba del estricto cumplimiento de las reglas presupuestarias, dejando en la cuneta a las personas trabajadoras de nuestro país, se destinaba dinero público al abono de la construcción del Expomeloneras.
Pero la fiesta del desembolso de caudales públicos no terminó ahí, ya que, si acudimos a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, vemos cómo se indica que, “para hacer frente a los gastos que se devengarán por los compromisos asumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas, se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 450.000,00 euros, al igual que en los últimos ejercicios”.
Es decir, que todos los años sale de los bolsillos de los canarios casi medio millón de euros que va a parar a un palacio de congresos explotado por el Grupo Lopesan, cuya empresa está enriqueciéndose con el soporte artificial de la población canaria. Parece que vuelve a cumplirse el mantra del capitalismo de los amiguetes: las pérdidas socializadas, los beneficios privatizados.
Y no le ha debido de ir muy mal a sus propietarios, si es justo en esa misma zona donde el Grupo Lopesan va a construir un nuevo establecimiento turístico, con más de 1.200 camas, que se comercializarán dentro del segmento MICE, es decir, aquel que se dedica a la organización de ferias, eventos y congresos de todo tipo.
Parece la perfecta cuadratura del círculo, ¿no? Primero se constituye una empresa pública por el Gobierno de Canarias que tiene como finalidad la construcción de un palacio de congresos, sufragado con el dinero de todos los canarios. Luego se cede la explotación a un privado, casualmente el hombre más rico de nuestro país y que está siendo investigado por un grave caso de prostitución infantil. Se le insuflan casi medio millón de euros públicos anuales a fondo perdido para mantener sus gastos de explotación. Y finalmente le dan licencia para la apertura de un nuevo hotel, justito en frente del propio palacio.
Frente a este modelo, que subvenciona a los caciques locales y que ha sido no solo permitido sino activamente pretendido por CC, PSOE y PP, desde Drago Canarias venimos reafirmándonos en el convencimiento de que el turismo tiene que decrecer, para que el resto de los sectores productivos puedan despegar o relanzarse.
Háganse una idea de si esos 30 millones de euros que supuso la construcción del palacio, junto con el medio millón de euros públicos que de forma anual se destinan para gastos de explotación, más todos los costes de funcionamiento de esa misma empresa pública turística, hubiesen ido a parar a proyectos de I+D+i, industria 4.0, economías digitales, potenciación del sector primario o internacionalizar el empresariado canario.
No es que no podamos diversificar la economía canaria y que necesariamente tengamos que malvivir de este turismo de masas, sino que hay una auténtica incapacidad política y codicia empresarial que está dejando secas las ubres de la vaca sin que llegue apenas unas gotas de leche a la población canaria.
Hasta que se acabe.
PD. Por más que haya buscado la licitación de la concesión del servicio de explotación del Palacio de Congresos de Meloneras no la he encontrado, pero menos mal que tenemos leyes estatales y canarias de transparencia. ‘Work in progress’.