Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria
Todas las mañanas cojo la guagua 11 para ir hasta el trabajo, y en la subida de la calle Párroco Villar Reina de Las Palmas hay una gran pintada que dice “terrorismo sostenible”.
Me da vértigo el uso que se hace de determinadas expresiones, porque manejarlas con frivolidad puede provocar mucho daño, pero la realidad es que en esas dos palabras se resume a la perfección lo que desde ciertos ámbitos de la política y el empresariado están haciendo con nuestro territorio.
Comentando con una compañera de trabajo sobre el uso que se hace de la palabra sostenibilidad, me decía que desde hace ya tiempo no importa si efectivamente se trata de una política que pase el triple filtro social, medioambiental y económico, al que se le podría añadir el cultural, sino que consigas imponer un relato, por muy alejado de la realidad que esté.
“Turismo sostenible”, cuando quieren decir turismo de masas. “Construcción sostenible”, cuando quieren decir consumir el poco suelo que nos queda y seguir especulando con él. “Plataformas colaborativas sostenibles”, cuando quieren decir quitarte los pocos derechos laborales que tienes. “Energía sostenible”, cuando quieren decir multinacionales y hoteleros depredando nuestros recursos naturales y destruyendo nuestro paisaje. “Multi Hub disruptivo sostenible”, cuando quieren decir conceder una subvención para el chiringuito del cacique de turno. Y así con todo.
Desde Drago Gran Canaria, hemos seguido con recelo todas las noticias que han aparecido sobre el proyecto Dreamland Studios. Como bien saben, en un primer momento fue un macrocomplejo audiovisual que querían ubicar al pie de las dunas de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, pero que, gracias a la movilización de la población majorera y de los colectivos ecologistas, pudo frenarse.
Acto seguido, parte de sus promotores lo trasladaron a Gran Canaria, para ubicarlo en el antiguo campo de golf del Cortijo, en el municipio de Telde, que era propiedad del omnipresente Lopesan. Para vergüenza de la política grancanaria, a pocos días de las elecciones del 28M se aprobó por unanimidad su declaración como proyecto de interés insular, con los votos a favor de NC, PSOE, Podemos-Equo-Sí se puede, CC, PP y Ciudadanos.
Investigando en la memoria presentada por sus promotores, —uno de los cuales, Newport, y según información publicada en los medios de comunicación, está acusado por otro socio de delitos societarios, apropiación indebida y administración desleal—, hemos podido ver toda una serie de disparates sociales, medioambientales y económicos.
El macrocomplejo lo van a construir en 100.000 metros cuadrados, con un consumo diario de casi 430 metros cúbicos de agua, afectando a palmerales, aves y reptiles, con canalización de barranco y riesgo por inundaciones.
Teniendo en cuenta que se situará pegado a la autopista, imagínense las retenciones que habrá a la altura de Jinámar, zona que ya de por sí está colapsada. Además, nada se incorpora al proyecto para paliar la más que evidente sobrecarga del resto de servicios públicos, en cuestiones básicas de saneamiento, gestión de residuos, atención sanitaria, presión sobre el medio ambiente o seguridad y emergencias.
Por otro lado, la diversificación económica que se supone sustenta el proyecto es cuanto menos falsa. Se define como un Multi Hub Disruptivo que aglutina el sector audiovisual, con la tecnología y —¡bingo!— el turismo. La zona B del marcocomplejo, denominada como “lúdica recreativa para visitantes-turistas” es de 30.000 metros cuadrados. Sin embargo, no hay ninguna zona definida para el desarrollo de tecnologías.
A nadie le podrá extrañar que, con esos ingredientes, el empleo que se generará va a concentrarse en locales comerciales, bares, zonas de restauración y experiencias turísticas, que como todo el mundo sabe, no se caracterizan por su estabilidad en el tiempo, buena remuneración y extraordinarias condiciones laborales, sino más bien por todo lo contrario.
Así que teniendo en cuenta que no pasa el triple filtro de la sostenibilidad, ¿por qué el Gobierno español ha destinado casi 14 millones de euros para subvencionar este chiringuito, con todas las iniciativas que hay en Canarias para proyectos que de verdad son generadores de empleo de calidad, en torno a la ciencia, tecnología e I+D+i? ¿por qué todos esos partidos, supuestamente progresistas y que escuchan el clamor de la calle, votaron a favor de su declaración de interés insular? A veces prefiero no pensarlo.
Desde Drago Gran Canaria lo seguiremos diciendo las veces que haga falta. Lo verdaderamente sostenible es que el turismo decrezca para que el resto de los sectores puedan despegar, la población canaria se beneficie de la riqueza que se genera en nuestro archipiélago y no tengamos que seguir aguantando, impasibles, cómo destruyen nuestro territorio bajo el mantra de la sostenibilidad.
Ya siento desvelarles el secreto, pero cada vez que le pongan a un sustantivo el apellido sostenible, échense a temblar.